SEÑORA MINISTRA FISCAL GENERAL DEL ESTADO

DECIMO PETITORIO

DR. GUSTAVO NOBOA BEJARANO, ex Presidente Constitucional de la República, dentro de la indagación fiscal N°099, a usted, atentamente, digo:

El día 22 de mayo de 2003, usted decidió dar inicio a esta indagación previa.

La indagación previa se inició por tres motivos principales:

1. Haber causado un perjuicio al país de US$9000 millones de dólares por no haber efectuado una facilidad petrolera en la renegociación de la deuda externa.
2. Haber destinado bonos globales para el pago de honorarios a Salomón Smith&Barney; y,
3. Haber destinado bonos globales para apalancar a los Bancos estatales Pacífico y Filanbanco.

Con posterioridad, las situaciones descritas en los numerales 2 y 3 dieron lugar al inicio de sendas instrucciones fiscales, las mismas que concluyeron con dictámenes acusatorios. La funcionaria que la asistió en estas instrucciones fue la Dra. Ana María Crespo.

Queda, en consecuencia, únicamente el primer motivo para continuar esta indagación previa.

Pues bien, este primero motivo, que ha sido hasta la saciedad desvirtuado, podría dar lugar, en un absurdo hipotético caso *, a la comisión de un delito. ¿Qué delito? El tipificado en el tercer artículo innumerado agregado después del 257 del Código Penal, identificado como 257 C, cuyo tenor es el siguiente:

* Digo hipotético porque la decisión de efectuar la renegociación en los términos indicados es absolutamente discrecional y en modo alguno constitutiva de delito.

“Art. 257-C.- La misma pena señalada en los artículos anteriores se impondrá a las personas elegidas por votación popular, a los representantes o delegados y a los funcionarios, empleados o servidores públicos que aprovechándose de la representación popular o del cargo que ejercen se favorezcan o hayan favorecido a personas naturales o jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, les hubiesen concedido contratos o permitido la realización de negocios con el Estado o con cualquier otro organismo del sector público.

Quedan comprendidos en la misma disposición anterior y sujetos a igual pena los directores, vocales o miembros de los organismos administradores del Estado o del sector público en general, que, con su voto, hubiesen cooperado a la comisión del delito al que se refiere el inciso precedente”. (El subrayado es mío).

Nota: Artículo agregado por Ley No. 6, publicado en Registro Oficial Suplemento 260 de 29 de Agosto de 1985.

Pues bien, ¿cuál es la pena a que se refiere este artículo?

La del artículo 257 A del Código Penal, cuyo tenor es el siguiente:

“Art. 257-A.- Las personas elegidas por votación popular, los representantes o delegados del Presidente de la República y de otros funcionarios fiscales o municipales en organismos del Estado, autónomos o semiautónomos; los funcionarios, empleados o servidores públicos que de cualquier forma utilizaren en beneficio propio o de terceras personas cuando éste signifique lucro o incremento patrimonial, trabajadores remunerados por el Estado o por las Entidades del sector público o bienes del sector público, serán reprimidos con la pena de uno a cinco años de prisión y multa de ciento noventa a novecientos cincuenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norte América”. (El resaltado es mío).

Nota: Artículo agregado por Ley No. 6, publicado en Registro Oficial Suplemento 260 de 29 de Agosto de 1985 y reformado por Art. 61 de Ley No. 75, publicada en Registro Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002.

El Código de Procedimiento Penal, por su parte, señala en el artículo 215 inciso tercero que:

“La indagación previa no podrá prolongarse por más de un año en los delitos sancionados con pena de prisión, ni por más de dos años en los delitos sancionados con pena de reclusión. Estos plazos se contarán desde la fecha en la cual el Fiscal tuvo conocimiento del hecho”.

Como usted puede apreciar, señora Fiscal, esta indagación debió terminar el día 22 de mayo de 2004. Sin embargo, hasta ahora usted no sólo que no atiende nuestros petitorios sino que la mantiene abierta.

Parecería ser que funcionarias de la Fiscalía, que luego de los dictámenes fiscales acusatorios en mi contra viajaron a las Vegas, no le dan cuenta de estos escritos, ya que no encuentro otra razón para que usted guarde silencio ante mis petitorios.

La evidente violación del artículo 215 del Código de Procedimiento Penal, puede traer consecuencias penales y civiles. No se exponga usted, ya en la etapa final de su gestión, a estos procesos.

Finalmente y aún más importante que todo lo anterior es el hecho de que en la Universidad Santa María se ha elaborado una “MEMORIA PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO COMERCIAL”, fechada 6 de abril de 2004, preparada por PIER LORENZO GARCIA SALVAREZZA, dirigida por el profesor RODRIGO PEÑA, cuyo título es:

“LA DEUDA EXTERNA PUBLICA COMERCIAL ECUATORIANA: EVALUACIÓN ECONOMICA DE LA RENEGOCIACIÓN DEL AÑO 2000 Y ANÁLISIS FINANCIERO DE LA RECOMPRA DE BONOS GLOBAL”.

En la página 91, que contiene las conclusiones del estudio, se señala lo siguiente:

“En la presente Memoria se han analizado dos temas que han sido motivo de debate en la opinión pública durante el 2003, y los cuales están estrechamente relacionados: la renegociación de la deuda externa pública comercial del año 2000 y la óptima utilización de los recursos del FEIREP para minimizar el costo actual de dicha deuda.
En lo que se refiere al primer tema, el análisis financiero realizado determina que la deuda en bonos Global ha sido una mejor alternativa de financiamiento que la deuda en Bonos Brady y Eurobonos porque representa un menor CAN, otorga liquidez al presupuesto fiscal durante los primeros 15 años, no genera un costo financiero adicional y se pueden aprovechar los descuentos en el precio”.

Señala también esta memoria en las conclusiones, página 92, que:

“Sin embargo hay que destacar que las medidas adoptadas en el Gobierno de Gustavo Noboa, lideradas por el ex Jefe de la Comisión Renegociadora de la Deuda Externa y ex Ministro de Economía, Ing. Jorge Gallardo Zavala, han permitido visualizar un camino bien definido, que si bien no son la solución “ideal” favorecen a la estabilidad, la cual es la base para la planificación a mediano y largo plazo, del sector público financiero.”

Por el peticionario, como su defensor autorizado,

AB. JOFFRE CAMPAÑA MORA
REG, 6998 C.A.G.